Comunidad chontal del Coyul; despojo avalado por juez

10 sep 2025

Comunidad chontal del Coyul denuncia despojo avalado por juez

Roselia Chaca

Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.- La Sociedad Agrícola y Ganadera El Coyul, agencia de San Pedro Huamelula, denunció el uso político del sistema de justicia penal para perseguir y castigar a 21 defensoras y defensores del territorio, integrantes de la legítima Sociedad Agrícola y Ganadera El Coyul, fundada desde 1972, por la disputa de mil 452 hectáreas de tierras.

En un comunicado urgente, argumentaron que la causa penal fue fabricada por un grupo de personas que no representan a la comunidad, encabezadas por Rigoberto Cruz Cartas, quien preside la Sociedad Agrícola y Ganadera El Coyul Oax S.C., registrada ante la Secretaría de Economía, argumentando que busca usurpar la identidad de la organización comunitaria.

“La Oax S.C., no es una sociedad, ni una representación legal de la comunidad. Es una fachada jurídica sin legitimidad, constituida en 2004 de manera unilateral por Rigoberto Cruz Cartas, sin asamblea, sin consulta previa, y sin respaldo de la comunidad indígena chontal, la cual se rige por usos y costumbres,la falsa acusación penal por despojo fue interpuesta por esta figura ilegítima con el respaldo de un entramado político y criminal, dirigido por operadores del conocido Cártel del Despojo, responsables de múltiples intentos de apropiación ilegal de tierras y recursos en el Istmo-Costa de Oaxaca.”

Responsabilizaron a Alfredo Manuel Mena Alonso, operador político que actúa como representante de la UNECACI; Joel Ricardez López, “dueño” de las mil 452 hectáreas en disputa, aseguran que es el principal impulsor del Proyecto Residencial Punta Faro, un desarrollo turístico que busca privatizar zonas de manglar, playa, selva y territorios de alto valor ecológico, que históricamente han sido resguardados por la comunidad.

“El delito de despojo agravado requiere que el denunciante haya sido privado de la posesión de un bien inmueble. Sin embargo, Rigoberto y su grupo continúan en posesión del predio desde febrero de 2023, cuando tomaron por la fuerza y con armas, las tierras de la verdadera Sociedad Agrícola y Ganadera El Coyul.”, subrayaron.

Por tanto, indicaron que no existe ningún despojo cometido por las 21 personas acusadas, todo lo contrario, “ellas fueron las despojadas”.

“Esta verdad ha sido sistemáticamente ignorada por las autoridades judiciales, como lo demuestra la sentencia dictada el 8 de mayo de 2024 por el juez Onasis Aureliano Díaz Morgan, del Tribunal de Enjuiciamiento Unitario Dos del Istmo, quien impuso a nuestros compañeros y compañeras 15 años de prisión y una multa de 90 mil pesos por persona.”

También se les impuso un pago de 55 millones de pesos por “reparación del daño”

Por lo que exigieron la anulación inmediata de la sentencia dictada contra las 21 personas defensoras del territorio indígena, la cancelación de todos los juicios y medidas penales fabricadas en contra de integrantes de nuestra comunidad.

También la cancelación total del Proyecto Residencial Punta Faro, basado en actos fraudulentos y despojo violento, una investigación penal y administrativa contra Alfredo Mena, Joel Ricardez y Rigoberto Cruz, por sus actos de suplantación, fraude y criminalización.